Un sueño en ruinas

El Palacio de Los Gosálvez no podrá ser restaurado de momento porque el Ayuntamiento de Casas de Benítez no da los permisos

El Palacio de Los Gosálvez está situado en las proximidades de la localidad de Villalgordo del Júcar pero pertenece al término municipal de El Puente de Don Juan, una aldea que a su vez pertenece a Casas de Benítez, Cuenca. El palacio fue ordenado construir por Enrique Gosálvez en 1902 junto con otras factorías en las proximidades del rio Júcar.

Abandonado en tiempos de la Guerra Civil Española por la decadencia de la familia Gosálvez, se encuentra bastante deteriorado. Lo cierto es que en la actualidad el edificio se derrumba a pasos agigantados, debido sobre todo al robo –en la última década- de las placas de zinc que cubrían la cubierta. Desprotegido de la lluvia, el agua se cuela hasta los cimientos, pudriendo toda la estructura –principalmente de madera-. Gran parte de los forjados se han caído y el acceso a las plantas superiores y al sótano ya es imposible, pudiéndose acceder tan sólo a algunas pocas salas y pasillos de la planta principal.

Para conseguir la restauración del complejo fue creada por un grupo de vecinos de Villalgordo, la Asociación Amigos del palacio Gosálvez y su entorno que consiguió su objetivo en julio de 2006 cuando se realizó la compra. Aunque desde la constitución de la sociedad, no se descartó la recuperación del palacio a través de ayudas públicas, desde el principio su presidente Pedro Pablo Correas Palencia, tuvo claro que estaría mejor en manos privadas “recuperarlo era muy costoso, por eso pensamos que la mejor solución era que se hiciera cargo de él, un empresario que pusiera en marcha un complejo que generara dinero, para su mantenimiento”.El palacio y su entorno fueron comprados en julio de 2006 para ser restaurados y convertidos en un complejo hotelero. El palacio de los Gosálvez y  todos sus edificios fueron adquiridos por la familia Núñez Ruiz, propietarios de un hotel en la localidad cercana de la roda. Concretamente Juan Miguel Núñez Ruiz, el que se ha convertido en el nuevo propietario y que embolsó en el proyecto la cifra de 2,8 millones de euros. Durante más de dos años la Asociación y el nuevo dueño trabajaron en un gran proyecto que dinamizaría todo este espacio y sus alrededores y se completaría con la rehabilitación de los inmuebles y de todos los jardines que les rodean. Pero todo se torció cuando la provincia de Casas de Benítez no concedió el permiso necesario para llevar a cabo estas obras. Desde el ayuntamiento de la provincia no existen declaraciones, pero Manuel Arribas, vecino de la localidad explica que lo hacen “para conservar un monumento histórico”. El presidente de la asociación, Correas Palencia explicó que “hay una serie de trámites pendientes que hay que seguir, como el primer escollo, que es la recalificación de los terrenos, que necesita la colaboración del Ayuntamiento de Casas de Benítez, y no la hay”
Correas no ocultó que le gustaría contar con “un poco más de implicación” del alcalde de Casas de Benítez; y apuntó como dato que entre los 380 miembros de la asociación, los hay de toda España, pero “ni uno de Casas de Benítez”. Cuando la familia llego al palacio, los Gosálvez solicitaron el cambio de demarcación para que su propiedad pasara a formar parte de la del municipio de Villalgordo, su verdadera familia. La petición que fue desestimada, les obligó a pertenecer a un ayuntamiento al cual nada les unía. Aún en nuestros días sigue la disputa entre ambos municipios por dichos terrenos para su reconstrucción mientras el colosal edificio se duerme para siempre.

ReconstrucciónEn el terreno que cuenta con 12 hectáreas de extensión, no se iba a realizar prácticamente ninguna edificación aparte de las ya existentes, con el fin de respetar al máximo la belleza y el encanto original. Por ese motivo, el nuevo dueño, y el presidente de la Asociación, no entienden por qué no conceden los permisos. “Se va a restaurar completamente similar al anterior, seguirá teniendo la esencia del monumento” explicó Correas Palencia.
El proyecto eran unos grandes salones para celebrar banquetes, que se edificarán donde estaban las antiguas fábricas de las industrias de los Gosálvez, que en su día dieron trabajo a la mayor parte de los habitantes de Villalgordo. Los salones, aunque se realizarán en varias fases, se pretende que tengan unos 1.500 ó 2.000 metros cuadrados.También se quieren recuperar los jardines como eran originalmente, con muchas plantas exóticas y frutales y manteniendo algunas variedades que aún se conservan como palmeras, pinsapos, abetos y chopos.
Para reconstruir esta edificación tuvieron conversaciones con diversas administraciones, puesto que se buscaba, que la pasarela fuera financiada con fondos del Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales en las Regiones (Proder) y de la Asociación para el Desarrollo Integral de La Manchuela Conquense (Adiman)

Futuro incierto
Con esta perspectiva, el palacio seguirá abandonado por unos cuantos años más, o quizás sea más acertado decir semiabandonado, pues son muchos los curiosos que se acercan a observar este paraje, cada vez más inaccesible. De momento su dueño lucha incansablemente por conseguir los permisos, y el pueblo intenta conseguir que esos terrenos pertenezcan a la localidad. En definitiva, recuperar este complejo declarado de  interés cultural en 1993, con la categoría de monumento, un complejo industrial de mediados del siglo XIX que es único en Castilla La-Mancha.

Si quereis ver más fotos sobre este precioso palacio, comentadmelo o entrad en este blog,:

http://albacete-fotos.blogspot.com.es/2007/08/palacio-de-los-gosalvez-villalgordo-del.html

La depuración de las aguas se estanca

Los datos extraídos del Plan Director Regional de Depuración recogen 41 depuradoras en construcción y 21 que no funcionan









La Unión Europea dice que todos los países deben cumplir con la obligación de depurar completamente sus aguas residuales.
Pero si ya en tiempos de bonanza esa era una asignatura pendiente para mucho de los estados miembros, con la crisis las aguas bajan cada vez más turbias. Albacete no es una excepción, y si sobre el papel aún queda mucho por hacer, en la realidad la situación es mucho peor, porque muchas depuradoras que “oficialmente” están funcionando, no lo están haciendo de forma efectiva.

José Luis Martínez Cano es el alcalde de la localidad de Villalgordo del Júcar, una de las afectadas por los problemas con su depuradora, inaugurada en 2005 pero que lleva sin funcionar más de 20 meses. El alcalde de este municipio, al igual que muchos otros, explicó que el coste mensual de esta instalación es muy elevado para un pueblo de apenas 1.300 habitantes. “Con un coste de 4000 euros al mes, este pueblo es imposible que pague esa cantidad, porque no la tiene” declaró el alcalde de la localidad.Y en el consistorio nadie se atreve a dar fechas ni a garantizar financiación para otra veintena de proyectos que han sido arrollados por la llegada de la crisis.
Los niveles de exigencia son mucho más altos para las grandes y medianas ciudades que para los pequeños municipios. En la provincia, están afectados por la norma que exige una depuración más rigurosa poblaciones como Albacete, Almansa, Hellín y Villarrobledo. De las cuatro, la que más problemas tiene es Almansa, con una depuradora que pide a gritos su rápida renovación.

Los datos que se recogieron para el más reciente Plan Regional de Depuración incluyeron 47 depuradoras en funcionamiento, 41 en construcción, tres con mal funcionamiento, y 21 que estaban construidas, pero que no funcionan.
Las que se están tramitando (cerca de veinte) están en suspenso. Los proyectos de depuración previstos para este año 2012 son ocho, destacando Tobarra, Albatana, y La Gineta, entre otros. En el último año se vienen sucediendo trámites relacionados con proyectos de depuración para localidades como Tobarra, Lezuza, Balazote y Alcalá del Júcar, pero desde septiembre de 2011, cuando se aprobó la declaración de impacto para la depuradora de Tobarra, no se ha publicado nada nuevo.
La Consejería de Fomento del Gobierno regional ha informado de que Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha explota en estos momentos veinte depuradoras de la provincia que en conjunto, gestiona la depuración de agua de una población de 70.638 habitantes. Las más significativas son las de la provincia de Fuenteálamo, Madrigueras, Elche de la Sierra, Alpera, Yeste y la ampliación de la depuradora de Villarrobledo.
El balance de la situación actual es, por decirlo suavemente, muy confuso. Los datos son contradictorios porque no existe un seguimiento coherente y actualizado del funcionamiento de estos equipos. Los nuevos proyectos están estancados, la previsión de futuro depende de los nuevos criterios, con presupuestos de inversión no definidos.

Difícil objetivo
En marzo de 2011, el entonces consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, afirmaba con sobrado optimismo que “el Gobierno regional está depurando el 87,9% de agua de la provincia de Albacete” y añadía que “en 2012 llegaremos al 99,4%”. Según sus datos, se habían invertido 25 millones de euros en diez depuradoras, y se estaban gestionando otros 47 proyectos, con una inversión prevista de 56,6 millones de euros.

Según el Perfil Ambiental 2010, Castilla-La Mancha depura un 79,7% de lo exigido por la directiva europea.
El horizonte con el que se trabaja en depuración es el fijado por la Directiva Marco del Agua, que exige aguas limpias para el 2015 mediante una serie de iniciativas como el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, el segundo Plan Director de Depuración de Aguas, o el Plan de Gestión de los lodos de las depuradoras. Un objetivo que se complica por la falta de financiación.

Es un área muy compleja, que implica a la administración europea, nacional, autonómica y local, con ramas en las que intervienen las diputaciones provinciales, y empresas, pública y privada, que son las que finalmente realizan las obras y gestionan las plantas.  La disciplina es rigurosa para quienes incumplen las normas con vertidos no depurados porque las confederaciones hidrográficas sancionan a quienes lo hacen. El problema es que en algunos casos, especialmente los de algunos ayuntamientos, la sanción se acaba asumiendo como si fuera una especie de tasa más.

Hay muchos tipos de depuradoras, desde las estaciones de grandes ciudades, más complejas y con ciclos sofisticados de tratamiento, a otras más básicas, como las de filtro verde. Hoy por hoy, todas están en un compás de espera, mientras el reloj sigue corriendo.
 

En otros tiempos, un próspero negocio

Las estaciones de servicio albaceteñas ya han reducido gastos para paliar la caída de ingresos, pero aun así es difícil subsistir para algunas.

 

Villalgordo del Júcar es un pueblo de 1400 habitantes que en los próximos meses puede quedarse sin combustible debido al posible cierre de la única gasolinera que existe en la localidad. Como éste, muchos pueblos de la comarca se plantean el cierre debido a la reducción del consumo por culpa de la subida de precios.

En lo que va de año ya son cinco las estaciones de servicio que se han visto abocadas al cierre, mientras que en puestos de trabajo perdidos podemos estar hablando en su conjunto de unas 50 personas que se han ido al paro, con una media de destrucción de empleos de siete por estación.
Los vecinos de estos pueblos afectados muestran su indignación quejándose en sindicatos yayuntamientos. Mario Mondéjar Picazo, vecino de Villalgordo del Júcar explica que “si nos quitan la gasolinera, tendremos que recorrer más de 15 kilómetros para conseguirla”. Esto es realidad para muchos más pueblos de la zona.

La caída de casi el 19% en las ventas, del 55% en los ingresos por el lavado de automóviles y de cerca del 38% en los artículos vendidos en la tienda están provocando el cierre de muchos de estos negocios, sobre todo los ubicados en áreas rurales y en zonas industriales.

Las gasolineras son negocios percibidos por muchos como sinónimo de ganancia segura. Sin embargo, mes a mes el consumo de carburante va descendiendo, a la par que sube el precio de gasolina y gasóleo, y ello supone que el próspero negocio de otros tiempos lo sea menos, o que directamente el beneficio para algunos empresarios desaparezca. Así lo ha detectado la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio (APES) de Albacete, desde donde aseguran que tampoco tienen previsiones de que pueda reactivarse el consumo, porque será difícil que los precios no sigan subiendo a corto y medio plazo.

El vicepresidente de la APES, Ignacio García Sotos, confirmó que las ventas de carburante han bajado mucho tanto en zonas rurales como en zonas industriales, pues hay polígonos en la provincia en los que la actividad está prácticamente parada. Atribuyó esta disminución del consumo de carburante a “la crisis económica y a la importante subida de precios en este campo”.

CASOS CRÍTICOS

Desde el colectivo de empresarios de la APES recordaban cómo se reparte el gasto de un ticket de repostaje cualquiera, con una gran parte que va a los impuestos, otra gran parte que paga el precio del combustible, el transporte y el margen de beneficio de la compañía, y una minúscula parte que es la que se queda el propietario de la estación de servicio. Ignacio García Sotos, vicepresidente de la asociación de estaciones de servicio, explicaba que, en efecto, “la gasolinera se queda con el 3,12% del precio que se paga; los impuestos suponen casi la mitad de lo que se paga, un 48,49%, y lo demás (48,39%) es el precio del carburante, el transporte, el margen para la compañía”. Con estos porcentajes, el portavoz del colectivo  ponía el ejemplo del beneficio de un litro de gasolina que ahora se paga en Albacete a 1,44 euros: “Mas de 65 céntimos que paga el cliente se van a los impuestos (0,655 euros), lo mismo para el transporte y margen de la compañía (0,653), y 0,04  céntimos es lo que gana la estación de servicio”.
García Sotos indicó que la situación “es critica porque como muestran los datos han bajado las ventas, y tenemos el negocio muy complicado”. En la provincia existen en torno a un centenar de gasolineras y mientras algunas mantienen actividad suficiente, otras no tanto, señaló el presidente de la asociación. Las causas por las que algunas gasolineras están planteando su cierre son el  bajo consumo y la posible competencia directa de alguna cooperativa o asociación.

El vicepresidente del colectivo empresarial señaló que los negocios tienen  ya pocos campos donde reducir gastos para hacer frente a la disminución de ingresos.

Es difícil ver una estación de servicio con mucho personal empleado, y de hecho muchos puestos de trabajo se fueron suprimiendo a favor del autoservicio, una práctica cada vez más habitual a la que también se han acostumbrado los propios consumidores. La APES ha informado de que muchas estaciones ya implantaron  el autoservicio y muchas han ampliado instalaciones para tener una pequeña tienda con la que poder complementar los ingresos.
García Sotos recordaba que Albacete también tuvo un aumento de oferta de gasolineras cuando se liberalizo el sector, aunque sigue habiendo dos grandes compañías que tienen el mercado cogido casi al cien por cien. Cualquier estación de servicio que tiene que comprar a las petroleras tiene un margen muy parecido unas con otras. El portavoz señaló que aunque el consumo se reduzca en la provincia y en España, en otros países hay más demanda y eso hace que tampoco bajen los precios en los establecimientos españoles.

El principio del fin de la exclusión social

El ministerio de economía tomará medidas para reducir los desahucios y así solidarizarse con los más desfavorecidos.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado un conjunto de medidas, cuyo objetivo es paliar de verdad la situación que viven tantas familias españolas en riesgo de desahucio, y así reducir el impacto que producen en los colectivos con riesgo de exclusión social.
Las medidas normativas que se elaboraran en colaboración con el Ministerio de Justicia, comenzarán con la definición del colectivo incluido en este umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia. En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online.

Las reformas legales incorporan también la atenuación de los intereses moratorios, donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las personas situadas bajo el umbral de exclusión.

Estas medidas se completarían con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero. Este Código será de adopción voluntaria por parte de las entidades financieras, cuya adhesión se hará pública. Irá destinado igualmente a las personas con riesgo de exclusión social. El Código contendrá recomendaciones como la posibilidad de que, en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción. Con ello se pretende corregir la situación actual en la que, al principio de la vida de la hipoteca, se pagan más intereses que capital. Losgastos y costas, en ocasiones muy elevados, también deberán ser objeto de moderación.

La segunda medida debe contemplar la asunción por la entidad de crédito de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera de un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble.

Se recoge también la posibilidad de permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda para los mismos casos de exclusión social. Habrá un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda que podría situarse en dos años, prorrogable en determinadas circunstancias, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad.El incentivo para la adopción del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido.

Estas medidas son otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con los más desfavorecidos, e intentan exigir un compromiso de solidaridad a los que más tienen.

Una salida más digna para los desahucios

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, haanunciado un conjunto de medidas, cuyo objetivo es paliar de verdad la situación que viven tantas familias españolas en riesgo de desahucio, y así reducir el impacto que producen en los colectivos con riesgo de exclusión social.
Las medidas normativas que se elaboraran en colaboración con el Ministerio de Justicia, comenzarán con la definición del colectivo incluido en este umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia. En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.
Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online.
Las reformas legales incorporan también la atenuación de los intereses moratorios, donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las personas situadas bajo el umbral de exclusión.
Estas medidas se completarían con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero. Este Código será de adopción voluntaria por parte de las entidades financieras, cuya adhesión se hará pública. Irá destinado igualmente a las personas con riesgo de
exclusión social.
El Código contendrá recomendaciones como la posibilidad de que, en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción. Con ello se pretende corregir la situación actual en la que, al principio de la vida de la hipoteca, se pagan más intereses que capital. Los gastos y costas, en ocasiones muy elevados, también deberán ser objeto de
moderación.
La segunda medida debe contemplar la asunción por la entidad de crédito de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera de un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble.
Se recoge también la posibilidad de permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda para los mismos casos de exclusión social. Habrá un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda que podría situarse en dos años, prorrogable en determinadas circunstancias, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad.
El incentivo para la adopción del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido.

Estas medidas son otro ejemplo de la sensibilidad de este Gobierno con los más desfavorecidos, e intentan exigir un compromiso de solidaridad a los que más tienen.

Iniesta invierte 420.000 euros y ya es el máximo accionista del Alba

El club manchego cuadra sus cuentas gracias a la ampliación de capital, salda el 90% de su deuda y su valor ronda ahora los 2 millones y medio de euros

El jugador de Fuentealbilla Andrés Iniesta, se ha convertido ya en el máximo accionista del Albacete Balompié. El jugador blaugrana ha adquirido un paquete de 7.000 acciones por valor de 420.000 euros. Las cuentas del club manchego se han saneado gracias a esta compra, quedando tan solo una deuda del 10% del millón de euros que debían. Según un informe emitido por el club, el Alba contaba con más de un millón de euros de capital, y tras su ampliación, rondará los dos millones y medio.
En la última fase de ampliación de capital se han suscrito 15.077 acciones y, además de Andrés Iniesta, algunos empresarios albaceteños como Roberto Arcos y Artemio Pérez han aportado, cada uno de ellos, unos 60.000 euros aproximadamente en esta ampliación.
“Iniesta va a aportar cada vez más cosas a Albacete y al club, cada vez se preocupa más por el equipo”, dijo ayer el gerente de club, Vicente Ferrer de la Rosa, Ferre, que explicó que Andrés Iniesta cuenta ya con un 20% del capital social del club, y su padre, José Antonio Iniesta se ha convertido en consejero adjunto y será el representante de su hijo en el Alba.

Otros de los ingresos que le van a permitir al club presidido por Rafael Candel salvar una temporada complicada son las ventas en taquillas. La cuantía de estos ingresos descendió al bajar el equipo esta temporada a Segunda División B, pero han conseguido remontar gracias a los partidos de Copa del Rey con el Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao.
Aunque desde el club no se dan cifras exactas, los ingresos recogidos en estos dos encuentros podrían ascender a más de 400.000 euros, sin contar los derechos de televisión que paga la Federación Española. De esta cifra tuvieron que descontar el 5% de la taquilla del partido ante el
Athletic de Bilbao, que donará el club a distintas ONG, y la prima que cobraron los jugadores por haber eliminado al Atlético de Madrid, cifra que ronda los 100.000 euros.
Pero, según Ferre, lo que más rentable le está saliendo al Albacete es el apoyo de sus seguidores. “La afición se ha volcado como hacía años que no se volcaba” explicó el gerente, y es que el club manchego ha sabido aprovechar el tirón de la Copa del Rey para lanzar la campaña de abonos de
media temporada. El pasado domingo, el club cerró esta campaña con un balance más que positivo ya que se han realizado 574 abonados. A pesar del descenso de la temporada pasada, en el presente curso el número de abonados del Albacete ha crecido un 25%, pasando de los 4.000 socios en 2010 a los casi 6.000 socios en la mitad de esta temporada.
Con este incremento, el club, además de recibir unos ingresos que no esperaba, también verá como aumenta el apoyo desde la grada.

El Ayuntamiento de Albacete recibe 10 millones de euros para pagar a proveedores

Los acreedores del Consistorio podrán cobrar sus facturas a cambio del pago de un interés del 5,25% gracias a la aportación de la entidad Globalcaja

La alcaldesa Carmen Bayod y la directora general de Globalcaja, María Victoria Fernández Delicado, firmaron ayer un convenio de colaboración de 10 millones de euros mediante el cual los acreedores del Ayuntamiento de Albacete podrán cobrar las facturas que tienen pendientes, a cambio de pagar un interés del 5,25% a la entidad financiera.
En seis meses el Ayuntamiento ha duplicado la deuda con los proveedores llegando a 50 millones que se sumaron el 31 de diciembre de 2011. Una situación que les preocupa porque sus consecuencias son impagos de nominas, y en algunos casos reducciones de plantillas. El Consistorio, que por sí solo no podía hacer frente a estos pagos, ya se ha puesto en contacto con los proveedores para informarle sobre la firma de este convenio. Los acreedores que así lo deseen, solo tienen que contactar con Globalcaja, identificarse como proveedores y
aportar las facturas justificantes. Aún no se sabe el número exacto, ya que se pagará hasta cubrir la cifra de 10 millones, pero harán una selección de proveedores a los que es más necesario pagarles.
La alcaldesa explicó que desde el ayuntamiento se ha solicitado también esta operación a otras entidades, pero que solo Globalcaja ha respondido satisfactoriamente”; una entidad que según la alcaldesa “siempre ha apoyado al Ayuntamiento de Albacete”. Por su parte Mª Victoria Fernández mostró el orgullo que siente su entidad financiera por poder apoyar a los
albaceteños.

Para Carmen Bayod esta operación es “un buen regalo de navidad para los proveedores” con el que se demuestra el trabajo del nuevo equipo de gobierno para solucionar la mala situación económica en la que nos encontramos y por la que también han impuesto otras dos medidas para reducir los problemas económicos. La primera fue la solicitud del crédito ICO de pagos a proveedores, con el que se pagó a 352 acreedores y que también fue efectuado por Globalcaja. La segunda medida es reducir el gasto con medidas de austeridad durante los 4 años de gobierno, con lo que poder generar un ahorro y generar liquidez para saldar la deuda con los proveedores. Con esta última medida se obtendrán unos 4,5 millones.
Aunque estas medidas beneficiaran al Ayuntamiento, seguirá quedando pendiente una deuda de unos 50 millones de euros, una cifra que se ha alcanzado porque tal y como dijo ayer Carmen Bayod, el gobierno socialista anterior “nos dejó sin liquidez alguna” y mientras tanto “la ciudad sigue funcionando con normalidad, lo que hace que la deuda aumente”.

Bienvenidos

Bienvenidos a todos a un blog en el que compartiremos la pasión por la información.

No solo intentaré dar información, también opinión, comunicación, actualidad, noticias, reportajes, formas de vivir...


Estudiante de periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, espero que esto se convierta en un gran proyecto para la que algún día será mi profesión.

Espero de vosotros colaboración para conseguir un nuevo punto de vista sobre el mundo.


Con toda mi ilusión, gracias por anticipado.