La depuración de las aguas se estanca

Los datos extraídos del Plan Director Regional de Depuración recogen 41 depuradoras en construcción y 21 que no funcionan









La Unión Europea dice que todos los países deben cumplir con la obligación de depurar completamente sus aguas residuales.
Pero si ya en tiempos de bonanza esa era una asignatura pendiente para mucho de los estados miembros, con la crisis las aguas bajan cada vez más turbias. Albacete no es una excepción, y si sobre el papel aún queda mucho por hacer, en la realidad la situación es mucho peor, porque muchas depuradoras que “oficialmente” están funcionando, no lo están haciendo de forma efectiva.

José Luis Martínez Cano es el alcalde de la localidad de Villalgordo del Júcar, una de las afectadas por los problemas con su depuradora, inaugurada en 2005 pero que lleva sin funcionar más de 20 meses. El alcalde de este municipio, al igual que muchos otros, explicó que el coste mensual de esta instalación es muy elevado para un pueblo de apenas 1.300 habitantes. “Con un coste de 4000 euros al mes, este pueblo es imposible que pague esa cantidad, porque no la tiene” declaró el alcalde de la localidad.Y en el consistorio nadie se atreve a dar fechas ni a garantizar financiación para otra veintena de proyectos que han sido arrollados por la llegada de la crisis.
Los niveles de exigencia son mucho más altos para las grandes y medianas ciudades que para los pequeños municipios. En la provincia, están afectados por la norma que exige una depuración más rigurosa poblaciones como Albacete, Almansa, Hellín y Villarrobledo. De las cuatro, la que más problemas tiene es Almansa, con una depuradora que pide a gritos su rápida renovación.

Los datos que se recogieron para el más reciente Plan Regional de Depuración incluyeron 47 depuradoras en funcionamiento, 41 en construcción, tres con mal funcionamiento, y 21 que estaban construidas, pero que no funcionan.
Las que se están tramitando (cerca de veinte) están en suspenso. Los proyectos de depuración previstos para este año 2012 son ocho, destacando Tobarra, Albatana, y La Gineta, entre otros. En el último año se vienen sucediendo trámites relacionados con proyectos de depuración para localidades como Tobarra, Lezuza, Balazote y Alcalá del Júcar, pero desde septiembre de 2011, cuando se aprobó la declaración de impacto para la depuradora de Tobarra, no se ha publicado nada nuevo.
La Consejería de Fomento del Gobierno regional ha informado de que Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha explota en estos momentos veinte depuradoras de la provincia que en conjunto, gestiona la depuración de agua de una población de 70.638 habitantes. Las más significativas son las de la provincia de Fuenteálamo, Madrigueras, Elche de la Sierra, Alpera, Yeste y la ampliación de la depuradora de Villarrobledo.
El balance de la situación actual es, por decirlo suavemente, muy confuso. Los datos son contradictorios porque no existe un seguimiento coherente y actualizado del funcionamiento de estos equipos. Los nuevos proyectos están estancados, la previsión de futuro depende de los nuevos criterios, con presupuestos de inversión no definidos.

Difícil objetivo
En marzo de 2011, el entonces consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, afirmaba con sobrado optimismo que “el Gobierno regional está depurando el 87,9% de agua de la provincia de Albacete” y añadía que “en 2012 llegaremos al 99,4%”. Según sus datos, se habían invertido 25 millones de euros en diez depuradoras, y se estaban gestionando otros 47 proyectos, con una inversión prevista de 56,6 millones de euros.

Según el Perfil Ambiental 2010, Castilla-La Mancha depura un 79,7% de lo exigido por la directiva europea.
El horizonte con el que se trabaja en depuración es el fijado por la Directiva Marco del Agua, que exige aguas limpias para el 2015 mediante una serie de iniciativas como el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, el segundo Plan Director de Depuración de Aguas, o el Plan de Gestión de los lodos de las depuradoras. Un objetivo que se complica por la falta de financiación.

Es un área muy compleja, que implica a la administración europea, nacional, autonómica y local, con ramas en las que intervienen las diputaciones provinciales, y empresas, pública y privada, que son las que finalmente realizan las obras y gestionan las plantas.  La disciplina es rigurosa para quienes incumplen las normas con vertidos no depurados porque las confederaciones hidrográficas sancionan a quienes lo hacen. El problema es que en algunos casos, especialmente los de algunos ayuntamientos, la sanción se acaba asumiendo como si fuera una especie de tasa más.

Hay muchos tipos de depuradoras, desde las estaciones de grandes ciudades, más complejas y con ciclos sofisticados de tratamiento, a otras más básicas, como las de filtro verde. Hoy por hoy, todas están en un compás de espera, mientras el reloj sigue corriendo.